UN GRITO DE DESESPERACIÓN Y ANGUSTIA

El estado argentino nació con un gen estafador que se activa periódicamente, no importa quien sea el momentáneo mandamás. El estado es incapaz de respetar al ciudadano, sus derechos y bienes, o se apodera de ellos o los degrada.
Confiscación, estatización, expropiación, devaluación, inflación, cambio de moneda, no pago de deudas, quitas, no actualización de haberes jubilatorios, no pago de reintegros, no pago a proveedores,malversación de lo recaudado por impuestos, retenciones a las exportaciones, Corralito, Korralón etc. etc. etc.
La codicia fue el origen del caos financiero actual. La codicia K va a terminar de destruir a la Argentina. ¿Terminaremos como estado Brasileño?
El costo de los votos del conurbano bonaerense se va a tragar al resto del pais
Los que nunca se salvan
Por Agustín A. Monteverde Jueves 23 de octubre de 2008
De pronto, azoramiento.Desconcierto.Miedo. Sí, miedo es la palabra que mejor define la sensación que inunda a los argentinos, que sabemos muy bien que el "salvataje? "nunciado es simplemente una sustracción por orden de la corona. La versión oficial presenta la "reestatización de las AFJP" como un salvataje del sistema jubilatorio. Pero no tiene nada que ver con eso.
Conviene repasar algunos puntos que muchos olvidan, limitando sus análisis a cuantificar los daños patrimoniales, inmediatos y directos de la fechoría.
En primer lugar, bueno sería que grabáramos en nuestras mentes que los fondos jubilatorios administrados por las AFJP son ?o eran? propiedad exclusiva de sus nueve millones de afiliados. No son fondos de las administradoras: son cuentas individuales de capitalización.
Los titulares de las cuentas son los dueños de esos fondos. No son propiedad de Nación AFJP, o de Consolidar, o de cualquier otra administradora. Son fondos suyos, míos y del resto de los afiliados.
En contraposición, los aportes al sistema estatal de reparto implican una clara y expresa cesión de la propiedad de esos fondos al Estado, que los incorpora al erario público y los malgasta con poco encomiable esmero. Aquí no hay propiedad de los afiliados, sino la esperanza de que los haberes de mañana sean algo mejores que la dádiva mísera que hoy perciben los ?beneficiarios? del sistema estatal.
Tómese nota de que los aportes son percibidos (y gastados) por los gobernantes de hoy, que dejan a los de mañana con la pesada carga de abonar jubilaciones que no otorgaron, con aumentos en subsidios acordados sin que hayan mediado suficientes aportes previos y sin haber tenido parte en aquel despilfarro.
En segundo lugar, todos los afiliados a las AFJP lo son por propia voluntad, ratificada poco tiempo atrás, durante el propio gobierno kirchnerista, cuando se dejó abierta la posibilidad de regresar al sistema estatal. Ante esa perspectiva, hubo nada menos que nueve millones de ciudadanos que votaron por no moverse del sistema privado. Es curioso que la dirigencia oficialista, que tanto empeño pone en manifestar su culto democrático, desprecie la contundente voluntad de esos hombres y mujeres acerca de cómo desean que sean administrados sus propios ahorros previsionales.
Considérese, por último, que la opción que esos argentinos libremente ejercieron, pese al enorme esfuerzo propagandístico montado por el Gobierno, no compromete a terceros ni arriesga otra fortuna que la de sus propios aportes.
Hechas estas puntualizaciones, queda claro que lo que se ha anunciado no es la estatización de las AFJP, sino el acabose de la propiedad privada ?los fondos aportados a su cuenta de capitalización son (eran) tan suyos como los zapatos que usted tiene puestos? y del derecho a elegir. Se trata, pues, de la más flagrante confiscación masiva de patrimonios. Los nueve millones de argentinos ultrajados prueban que es la más grande de nuestra historia, por cantidad de afectados.
Pero el atropello colectivista no queda ahí. Como parte de los fondos administrados fueron invertidos en la mayoría de las grandes empresas locales, la exacción de esos fondos deja al Gobierno como virtual propietario de buena parte del acervo productivo del país y socio privilegiado en todas esas compañías. La confiscación masiva (o, mejor dicho, las más de nueve millones de confiscaciones) de ahorros jubilatorios y de tenencias accionarias deja, pues, a la administración K a medio metro del comunismo. Ni más ni menos...Y si el Congreso aprueba semejante violación, ¿cuánto tiempo resta para que aprueben la apertura y confiscación de las cajas de seguridad? ¿Le parece exagerado? ¿Por qué?
Por cierto que esta expoliación tampoco encaja en lo que llama "expropiación" nuestro derecho, pues ésta debe originarse en una razón de bien público. Ocurre que aquí no se hace en defensa del bienestar general, sino en supuesto resguardo de los mismos expropiados. Es decir, esta expropiación masiva se realiza en contra de la voluntad de los mismos "beneficiarios".
Además de confiscar $ 100.000 millones de ahorros particulares, con esta medida el Gobierno acaba de declarar un nuevo default: más de $ 50.000 millones en bonos serán absorbidos sin compensación alguna (algo así como un canje forzoso con una quita del cien por ciento). Por eso no extraña que los reportes de todos los bancos internacionales recomienden al unísono salir a cualquier precio de activos argentinos.
No se trata, pues, ni de estatizar las AFJP ni de un salvataje del sistema jubilatorio. Los accionistas de las administradoras ya sueñan con las jugosas compensaciones que negociarán con no menos ansiosos valijeros oficiales. Algunos empresarios se ilusionan con que una parte, aunque minúscula, del botín, se convierta en fondos blandos para sus industrias siempre sedientas de subsidios y protección. Los sindicalistas aplauden el despojo de los trabajadores, interesados también en los obsequios que promete el árbol de esta Navidad. Buena parte de nuestros legisladores ya sonríen pensando en la bolsa que traerán los dos reyes magos. Se trata de una nueva y más grande fiesta de despilfarro y perpetuación en el poder. En este "salvataje" está bien clarito quiénes son los que se salvan. Y los que no.

El autor es economista y profesor universitario.